El papado aboga por un gobierno mundial
© Guillermo Sánchez Vicente
www.laexcepcion.com (29 de agosto de 2009)
El 29 de junio de 2009 Benedicto XVI, jefe de la Iglesia Católica Romana, publicaba su tercera encíclica, Caritas in veritate (La caridad en la verdad), en la que aborda asuntos como la situación económica mundial y la gestión económica de los recursos.
Uno de los pasajes de la nueva encíclica que más ha llamado la atención ha sido el punto 67, en el que dice lo siguiente: «Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi Predecesor, el Beato Juan XXIII. Esta Autoridad deberá estar regulada por el derecho, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiaridad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad en la verdad. Dicha Autoridad, además, deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente, debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. […] El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización, que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral, así como esa relación entre esfera moral y social, entre política y mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas» (negritas añadidas, también a lo largo del presente artículo).
La búsqueda de un gobierno mundial no es una novedad de nuestro tiempo. Desde la Antigüedad, la configuración de los grandes imperios ha supuesto un esfuerzo de someter extensos territorios (en ocasiones, todo el mundo conocido) bajo una dirección única. Pero nunca, hasta nuestros días, se habían dado las condiciones que hicieran posible el sueño de un gobierno global. Hoy, desde el punto de vista técnico la revolución de las telecomunicaciones permite una transmisión instantánea de decisiones en todo el mundo. Desde el punto de vista político la humanidad parecería encontrarse, en principio, lejos de una eventual unidad política global, pero existen más tendencias unificadoras que nunca antes, a saber: tras la desaparición del bloque comunista, hegemonía mundial de una superpotencia (Estados Unidos) que sobrepasa en lo militar, lo político y lo cultural a cualquier otra; globalización e interdependencia económica entre países y grandes regiones; clamor ético mundial por un reparto más equitativo de los recursos (reflejado en lemas como “Otro mundo es posible” o “Somos la primera generación que puede acabar con la pobreza en el mundo”)…
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que explícitamente hace referencia Ratzinger en su encíclica, dista mucho de ser un gobierno mundial. Pero es una estructura política compleja que puede servir de referencia o de fundamento para acciones globales; no en vano el Consejo de Seguridad de la ONU toma decisiones de alcance universal y larga proyección en el tiempo.
A favor de la ONU
El Vaticano siempre ha apoyado macroestructuras multilaterales como la ONU o la Unión Europea (ver Las “raíces cristianas” de Europa: una exigencia confesional). Respecto a la primera, Juan XXIII en su encíclica Pacem in terris expresó su deseo de que «llegue pronto el tiempo en que esta Organización pueda garantizar con eficacia los derechos del hombre» (nº 145). Juan Pablo II afirmó que la “Santa” Sede «ha sostenido decididamente, desde el principio, los ideales y objetivos de la Organización de las Naciones Unidas. La finalidad y modo de actuación, obviamente, son diversos, pero la común preocupación por la familia humana, abre constantemente a la Iglesia y a la ONU vastas áreas de colaboración. Que todo esto no parezca una utopía irrealizable. Es la hora de una nueva esperanza» (discurso ante la Asamblea General de la ONU, 5.10.95). Años después declaró: «Es preciso reconocer que la Organización de las Naciones Unidas, incluso con límites y retrasos debidos en gran parte al incumplimiento por parte de sus miembros, ha contribuido a promover notablemente el respeto de la dignidad humana, la libertad de los pueblos y la exigencia del desarrollo, preparando el terreno cultural e institucional sobre el cual construir la paz» (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 8.12.03). Este papa fue quien repitió en diversas ocasiones que la ONU debía promover la “injerencia humanitaria” con intervenciones de tipo militar cuando «las poblaciones corren el riesgo de sucumbir a causa de los ataques de un agresor injusto» (discurso a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la “Santa” Sede, 16.1.93).
En ese mismo pontificado, una fundación de la Misión Permanente del Vaticano ante la ONU entregó el premio «Sendero de la paz» a Kofi Annan, entonces secretario general de la ONU, momento en el que el galardonado describió a Juan Pablo II como «la voz más poderosa a favor de la paz, de la esperanza y de la justicia para millones de personas» (Zenit, 15.6.00). El cardenal Angelo Sodano, entonces secretario de Estado vaticano, afirmó que «la Santa Sede desea fervientemente que, al alba del tercer milenio, la ONU contribuya, por el bien de la humanidad, a construir una nueva civilización, la que ha sido llamada “civilización del amor”» (Zenit, 10.9.00). Según el secretario para las relaciones con los Estados de la “Santa” Sede, Giovanni Lajolo, «a pesar de sus límites, la ONU permanece como la institución política más válida, a nivel mundial, para circunscribir y limitar los focos de guerra y para favorecer la paz y el acuerdo entre los pueblos. Lo que hace de positivo, y es mucho, no es adecuadamente valorado, también porque de hecho no basta para hacer frente a los mayores flagelos de la humanidad» (Zenit, 25.6.04).
A raíz de la visita de Benedicto XVI a la ONU, su portavoz, Federico Lombardi, declaró que «la Iglesia contempla esta institución como una esperanza de paz y tiene el deseo de contribuir con su mensaje a facilitar las relaciones pacíficas. El hecho de que exista un observador permanente de la Santa Sede ante Naciones Unidas demuestra la atención, el respeto y la importancia que para el Vaticano tiene la ONU» (Periodista Digital, 17.3.08)
Contra el Nuevo Orden Mundial de la ONU
Pero la Iglesia Católica Romana (ICR) también ha expresado graves reservas ante la línea que, según ellos, predomina en el seno de la ONU. En 1996 el Vaticano anunció que retiraba su contribución anual a UNICEF, «por su política favorable al control de la natalidad y al aborto» (Aceprensa, 13.11.96). Aunque UNICEF ha negado repetidamente que contribuya a promover el aborto, las denuncias católicas han ido en aumento: el cardenal Juan Sandoval (ACI, 23.1.08), el cardenal Norberto Rivera (ACI, 22.7.08), el observador permanente ante la ONU Celestino Migliore (ACI/ReL, 3.4.09)…
El entonces cardenal Ratzinger, recurriendo a su característico discurso antiliberal, escribía antes de ser papa: «Ha habido intentos de construir el futuro bebiendo, de manera más o menos profunda, en las fuentes de las tradiciones liberales», intentos que estaban «asumiendo una configuración cada vez más definida, que toma el nombre de Nuevo Orden Mundial; encuentran expresión cada vez más evidente en la ONU y en sus Conferencias internacionales, en especial en las de El Cairo y Pekín, en sus propuestas de vías para llegar a condiciones de vida diversas, dejar transparentar una verdadera y propia filosofía del hombre nuevo y del mundo nuevo. La peculiaridad de esta nueva antropología, que debería constituir la base del Nuevo Orden Mundial, resulta evidente sobre todo en la imagen de la mujer, en la ideología del “Women's empowerment” (la autorrealización de las mujeres), nacida de la Conferencia de Pekín» (Avvenire, 15.9.00, reproducido por Zenit).
Quizá el principal portavoz de estas alarmas contra el Nuevo Orden Mundial (cada vez más difundidas) sea Michel Schooyans, profesor emérito de la Universidad de Lovaina y consultor del Vaticano. Este intelectual defiende la tradición jurídica de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos (1776), la Constitución de los Estados Unidos (1787), la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia (1789), “olvidando”, por cierto, que, cuando fueron promulgadas, el papado condenó y combatió estos textos y sus valores con todas sus fuerzas. Schooyans denuncia que «la ONU hoy en día se está comportando como una superpotencia global, transnacional» que pretende someter los códigos nacionales a «un poder piramidal», siguiendo los dictados de una «trama de voluntades que se aglomeran en las Naciones Unidas, apoyadas por numerosas ONGs, y también por algunas sociedades secretas, como la masonería» (Zenit, 23.12.08; ver un análisis de sus argumentos en Globalización, Nueva Era y religión).
El Vaticano maniobra en este asunto según su peculiar Principio de Sí Contradicción: la denuncia de la naturaleza relativista de la ONU, por un lado, y la defensa, incluso colaboración, con esta organización. Por eso desde la jerarquía se emiten mensajes que buscan conciliar ambas posiciones, como el del cardenal Stafford: «Todavía no ha llegado el momento de decir que debemos desechar el apoyo de la Iglesia a las Naciones Unidas sobre la base de las posturas morales que está adoptando sobre los temas de la familia, el matrimonio y la vida»; no en vano, según él, «vivimos en un mundo en que la única autoridad importante reconocida internacionalmente es la ONU» (Zenit, 3.5.04).
Cuando en diciembre de 2007 la prensa publicó que el papa estaba en contra de la ONU por su relativismo moral, el portavoz Lombardi desautorizó esa interpretación: «El Papa había afirmado textualmente que “las discusiones internacionales con frecuencia se caracterizan por una lógica relativista”, pero, a diferencia de lo que se ha escrito, no había atacado a la ONU ni había dicho que esté “dominada” por el relativismo moral», y añadió que «Benedicto XVI, al igual que sus predecesores, es perfectamente consciente de la importancia de las Naciones Unidas para la paz y para la defensa de los derechos humanos» (Zenit, 3.12.07).
El estatus del Vaticano en la ONU
La “Santa” Sede no es un miembro de las Naciones Unidas a pleno título, pero tampoco es una agencia consultora más, sino que desde 1964 goza del estatus especial de “observador permanente”. Desde que Suiza pasó a ser miembro, es el único estado con esa condición, que le permite tomar la palabra en los foros convocados por la ONU, pero no le da capacidad de voto. A su vez, el estado papal es miembro a pleno título en varios cuerpos subsidiarios de las Naciones Unidas, como la comisión para los refugiados.
El año 2000 cientos de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo y miles de individuos a título personal se sumaron a una campaña lanzada en Estados Unidos por el grupo partidario del aborto Catholics for a Free Choice (Católicos por el Derecho a Decidir) para privar a la “Santa” Sede de sus privilegios como observador permanente en Naciones Unidas, de modo que su estatus se equipare al de otras comunidades y organizaciones no gubernamentales (El País, 13.2.00). Sin embargo en 2004 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con el voto unánime de sus 191 miembros una resolución que refuerza el papel y las competencias de la Santa Sede en la ONU, manteniendo su estatuto de “observador permanente” y aumentado sus prerrogativas y posibilidades de intervención (Zenit, 2.7.04).
Según el cardenal Angelo Sodano, «la soberanía pontificia en el campo internacional no está determinada por su poder temporal», pues «la Santa Sede se enmarca dentro del ordenamiento internacional según su propio carácter espiritual» (Zenit, 21.9.03). De acuerdo con esto, el papado recibe un reconocimiento netamente político por su naturaleza supuestamente no política; además, siguiendo ese criterio, otras organizaciones sociales o religiosas deberían recibir un tratamiento semejante. El vaticanista Sandro Magister, firme defensor de este estatus, explica las razones verdaderas: «El elemento más fuerte que juega para confirmar el reconocimiento de la Santa Sede como personalidad jurídica internacional que la asimila a un estado es la red de relaciones diplomáticas bilaterales que ella mantiene» (Misión imposible: expulsar a la Santa Sede de la ONU, Chiesa, 21.8.07); es decir, su poder temporal.
En este asunto se puede observar una de las características jugadas maestras del papado: alegar alternativamente su naturaleza “espiritual” o política, en función de sus intereses. O algo más difícil todavía: alegar simultáneamente ambas razones, pero a la vez haciendo parecer que son excluyentes. De este modo siempre podrá mantener cierta distancia ante las decisiones y la naturaleza de la ONU (tan denostadas por medios papales), y a la vez influir decisivamente en su funcionamiento. Las palabras del observador Celestino Migliore reflejan muy bien ese hábil juego de equilibrios: «La Santa Sede tiene los requisitos definidos por el Estatuto de la ONU para ser Estado miembro y, si en el futuro quisiera serlo, esta resolución no le impediría pedirlo» (Zenit, 2.7.04).
Según Sodano, «en el desempeño de su labor “diplomática” […] los representantes de la Iglesia persiguen dos objetivos: la tutela y la promoción del legítimo bien de la Iglesia y el servicio a todos los hombres y a todos los pueblos, prescindiendo de su fe religiosa» (Zenit, 21.9.03). El orden de prioridades es obvio; también lo es que el segundo objetivo queda sometido al primero.
Hay otros argumentos contradictorios alegados por el papado. El jefe de la diplomacia vaticana, Dominique Mamberti, explica: «Con la desaparición de los Estados Pontificios se ha hecho siempre más claro que la personalidad jurídica internacional de la Santa Sede es independiente del criterio de la soberanía territorial» (Chiesa, 21.8.07). En primer lugar, hay que precisar que la “Santa” Sede sí gobierna sobre un territorio soberano, la Ciudad del Vaticano (gracias a otra obra maestra de cálculo político: los Pactos de Letrán de Pío XI con Mussolini). Pero Mamberti minimiza este hecho para defender el estatus privilegiado en la ONU, cuando en realidad el razonamiento debería volverse en contra suya: obviamente, si una entidad no tiene soberanía territorial, difícilmente podría considerarse un estado y, por tanto, no debería tener un puesto en la ONU.
Según Mamberti, «detrás de esa invitación a reducirse a ONG, aparte de la incomprensión del estatus jurídico de la Santa Sede, hay también probablemente una visión reductiva de su misión, que no es sectorial o ligada a intereses particulares, sino universal y comprensiva de todas las dimensiones del hombre y de la humanidad». Como hemos visto, la Asamblea General de la ONU ha asumido esta visión “altruista” y “desinteresada” que la superpotencia papal predica sobre sí misma. Los propios representantes papales no tienen empacho en destacar la naturaleza, no sólo ya espiritual, sino abiertamente confesional, de sus objetivos: «Al desarrollar el propio rol internacional, la Santa Sede está siempre al servicio de la salvación integral del hombre, según el mandato recibido de Cristo ¡No sorprende que alguien busque de disminuir el eco de su voz!», dice Mamberti (ibíd.)
Autoridad moral mundial
Continuamente los jerarcas católicos romanos exponen implícitamente su pretensión de dirigir la política mundial. Juan Pablo II se dirigió en estos términos a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 5 de octubre de 1995: «Estoy ante ustedes, al igual que mi predecesor el Papa Pablo VI hace exactamente treinta años, no como uno que tiene poder temporal -son palabras suyas- ni como un líder religioso que invoca especiales privilegios para su comunidad. Estoy aquí ante ustedes como un testigo: testigo de la dignidad del hombre, testigo de esperanza, testigo de la convicción de que el destino de cada nación está en las manos de la Providencia misericordiosa». Este político, que no fue elegido democráticamente, que ostentaba la jefatura de un estado absoluto y teocratista sin separación de poderes y que dominaba una iglesia organizada de forma piramidal, afirma que representa, no a sí mismo ni a su iglesia, sino las aspiraciones más elevadas de la humanidad. Su pretensión de supremacía es tal que, para defender su legitimidad, apela a la historia y a los dogmas de su iglesia, presentándose como aval de sí mismo (según sus palabras, es “testigo” de una “convicción” que atañe a la voluntad de Dios). Pero es obvio que no lo dice como cualquier otro creyente podría decirlo (p. ej., un lector de la Escritura, en la que se afirma esa misma idea sobre el destino de cada nación), sino como un testigo privilegiado, es decir: el Testigo por excelencia.
El mismo planteamiento subyace en las palabras de Renato Martino, presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz: la “Santa” Sede «no es una fuerza política en el sentido ordinario de la palabra, sino una fuerza de orden moral», circunstancia «que le confiere idoneidad para actuar en la escena internacional» (Zenit, 2.9.03). Una idoneidad autootorgada, nuevamente.
Cuando el propio Juan Pablo II afirmaba que «la Iglesia no pretende usurpar tareas y prerrogativas del poder político; pero sabe que debe ofrecer también a la política su contribución específica de inspiración y de orientación sobre los grandes valores morales», estaba implícitamente diciendo que los poderes políticos deben aceptar esa contribución. Con sutileza pero con firmeza, expone sus pretensiones: «La imperiosa distinción entre Iglesia y poderes públicos no debe hacer olvidar que tanto la una como los otros se dirigen al hombre; y la Iglesia “experta en humanidad”, no puede renunciar a inspirar las actividades políticas para orientarlas al bien común de la sociedad» (Zenit, 26.11.02; destacados añadidos). ¿Quién determina cuál es el bien común? ¿Concibe el papa que la comunidad internacional renuncie a ser inspirada por esa entidad tan experta?
Jean-Louis Tauran, el entonces secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, expresaba la pretensión última «de la presencia de la Santa Sede en la comunidad de las Naciones: ¡ser la voz que la conciencia humana espera!». Ante semejante osadía, Tauran señala que sus objetivos no encierran vanagloria, «sino sólo la humilde conciencia de estar siempre al servicio del hombre, iluminando las circunstancias históricas con la luz sobrenatural, según la específica competencia religiosa y moral propia de toda actividad eclesial» (Zenit, 30.6.03). Poco humilde puede ser quien predica la humildad sobre sí mismo… Y lo hace al tiempo que se declara portador de “la luz sobrenatural”.
Como las políticas sociales de la ONU están orientadas en una línea que el Vaticano desaprueba, se considera que esta organización invade terrenos que no le son legítimos. «La ONU se creó por razones de seguridad y defensa, no para marcar la agenda social», declara Austin Ruse, presidente del Instituto Católico para los Derechos Humanos. «No creo en la legitimidad de la ONU para plantear determinados temas; en realidad creo que hay muy pocas instituciones internacionales con legitimidad, por ejemplo, la Iglesia Católica» (ACI, 29.9.07). Es decir, que se rechaza la legitimidad de la ONU de imponer una ética global, pero se considera ideal el liderazgo de la ICR en la misma esfera.
El modelo político global del Vaticano
A la luz de estas pretensiones de supremacía moral (que la “comunidad internacional” y la ONU reconocen al papado una y otra vez), se entiende mejor la solicitud de Benedicto XVI de establecer una Autoridad política mundial. Una propuesta que en absoluto es nueva: no sólo ha sido formulada en esos términos desde Juan XXIII, sino que responde a la pretensión de supremacía universal que el papado se asigna a sí mismo desde la Edad Media, y que en cada época histórica ha pretendido establecer (y en gran medida lo ha conseguido) teniendo en cuenta las circunstancias políticas correspondientes.
¿Cuál sería el programa en el contexto mundial actual? Según la jerarquía católica, la ONU ha de desempeñar un papel importante. Juan Pablo II dijo: «No sorprende que Juan XXIII mirara con gran esperanza hacia la Organización de las Naciones Unidas», como «un instrumento válido para mantener y reforzar la paz en el mundo. Justamente por esto expresó un particular aprecio por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, considerándola “un primer paso introductorio para el establecimiento de una constitución jurídica y política de todos los pueblos del mundo”». Y añade: «Es importante evitar tergiversaciones: aquí no se quiere aludir a la constitución de un superestado global. Más bien se piensa subrayar la urgencia de acelerar los procesos ya en acto para responder a la casi universal pregunta sobre modos democráticos en el ejercicio de la autoridad política, sea nacional o internacional». Finalmente, el papa ponía su mira en un punto clave del planeta: «Quizás no hay otro lugar en el que se vea con igual claridad la necesidad de un uso correcto de la autoridad política, como en la dramática situación de Oriente Medio y de Tierra Santa» (Zenit, 17.12.02; ver “Tierra Santa”)
Precisamente con motivo del golpe de estado planetario que dio inicio a la guerra de Irak, el arzobispo Martino consideraba que es «más necesaria que nunca una autoridad mundial que asegure la paz y promueva el desarrollo de los pueblos». Y añadió que «la situación de crisis de la ONU causada por la guerra en Irak no contradice sino que refuerza la petición de la Pacem in Terris sobre una autoridad política mundial», insistiendo en que «la ONU no es un superestado», sino más bien «el camino obligado de la civilización moderna y de la paz mundial». Según él, «es el momento de construir una ingeniería constitucional de la humanidad para que las Naciones Unidas puedan desarrollar su papel insustituible» (Zenit, 11.4.03).
En diciembre de 2003, ya como cardenal, Martino afirmaba que Juan Pablo II considera «la institución de la ONU uno de los frutos más relevantes del derecho internacional», si bien «el debido reconocimiento a la ONU está acompañado por la invitación a una reforma que capacite a la Organización de las Naciones Unidas para funcionar eficazmente en la consecución de sus propios objetivos estatutarios, todavía válidos» (ACI, 16.12.03).
El mismo cardenal Martino precisa que la reforma solicitada en la presente encíclica de Benedicto XVI incluiría, entre otras cosas, el «principio de la injerencia humanitaria», es decir, la intervención militar de la “comunidad internacional” en un país o región alegando principios éticos (Zenit, 7.7.09). Es significativo que esta injerencia se conciba en función del principio de subsidiariedad: según el representante vaticano ante las Naciones Unidas, Celestino Migliore, «cuando un determinado Estado no demuestra la voluntad y/o la capacidad de asegurar tal protección [de los derechos humanos], la comunidad internacional debe subsidiariamente hacerse cargo, recurriendo a la modalidad pacífica prevista en el derecho internacional». Claro que «en casos extremos, puede valerse del uso de la fuerza a través de las fórmulas y dictámenes del capítulo 7 de la carta de la ONU» (Zenit, 24.9.09), algo que concuerda con la doctrina católica de la “guerra justa”.
El principio de subsidiariedad, vinculado al pensamiento organicista medieval, es uno de los soportes fundamentales de la doctrina política papal; según él, «una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común» (Juan Pablo II, Centesimus annus, 48; ver también Caritas in veritate, 57-58). Como señala Edwin Cook en su artículo Gaining the Upper Hand, este principio ofrece algunos beneficios, como la limitación de un abuso en las pretensiones de soberanía del estado, la restricción de una visión radicalmente nacionalista, o el enfoque personalista que resalta la dignidad inherente a cada ser humano. Pero, a su vez, presenta algunos peligros: mediante él, la Iglesia Católica Romana reclama el control de las áreas que tradicionalmente ha considerado propias de su ámbito de actuación. «El estado está obligado a asistir a las organizaciones inferiores a cumplir su misión, en ámbitos en los que tal asistencia pueda a veces concretarse en sostenimiento financiero. En términos simplistas, en la lucha por el poder cesaropapista, la subsidiariedad ofrece el control a la iglesia».
La reforma de la ONU debería hacerse, según el papado, de acuerdo con la cosmovisión de la Iglesia Católica Romana. Según el cardenal Tauran, la ONU debería dejar de ser un centro administrativo para convertirse en «un centro moral donde todas las naciones se sientan en casa» (Zenit, 15.1.04). Benedicto XVI lo ha expresado en términos organicistas: «Una familia vive en paz cuando todos sus miembros se ajustan a una norma común: esto es lo que impide el individualismo egoísta y lo que mantiene unidos a todos, favoreciendo su coexistencia armoniosa y la laboriosidad orgánica». Para que las leyes internacionales «sean verdaderamente eficaces es preciso remontarse a la norma moral natural como base de la norma jurídica, de lo contrario ésta queda a merced de consensos frágiles y provisionales» (Zenit, 11.12.07). Uno de los ejes ideológicos del pontificado de Benedicto XVI es precisamente la reivindicación de la supuesta “ley natural”, cuyo intérprete último debe ser el propio papado (ver El falso Dios y la “ley natural”).
La actual situación de crisis mundial (citada en Caritas in veritate) sirve de motivo a la ICR para intensificar su solicitud de una reorganización del gobierno mundial. El arzobispo brasileño Walmor Oliveira considera que la Iglesia Católica señala «una luz en este momento crítico de crisis mundial». Según él, «es necesario beber en una fuente más limpia y verdadera en la búsqueda del nuevo camino para las instituciones y para la vida de todos» (Zenit, 3.11.08).
El programa papal contempla a la humanidad entera como un organismo con vocación de unidad, santificado por la mediación sacerdotal del papa y la acción sacramental de “la Iglesia”. Según el cardenal Antonio Cañizares, el oficio principal del papa es conseguir «que la humanidad entera ofrezca a Dios el verdadero culto en espíritu y verdad, en adoración verdadera, donde está la gloria y la grandeza, y el futuro de la humanidad» (ACI, 10.12.08). Como advierte José Antonio Eguren, presidente de la Comisión de Vida, Familia e Infancia de la Conferencia Episcopal Peruana: «La UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud parecen no entender que somos apóstoles y no meros trabajadores sociales. Nosotros trasmitimos al Señor de la Vida en cada obra social que hacemos» (ACI/ReL, 14.4.09). No sólo exponen la dimensión confesional de su labor “desinteresada”, sino que exigen que se le reconozca públicamente su carácter privilegiado y diferencial. El cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, muestra claramente estas pretensiones supremacistas: «La doctrina social de la Iglesia no se debe considerar una teoría ética más entre las muchas que ya existen, sino una “gramática común” a todas ellas, porque está fundada en un punto de vista específico: interesarse por el bien humano» (Zenit, 1.8.09)
El objetivo es, según Juan Pablo II, «establecer un nuevo sistema de relaciones en la sociedad humana, bajo la enseñanza y el apoyo de la verdad, la justicia, el amor y la libertad» (Zenit, 17.12.02). ¿Qué verdad? No puede ser otra: la que define la Iglesia Romana. Su pretensión no es luchar por la igualdad de derechos de las personas independientemente de sus creencias, sino que el mundo se gobierne según “la verdad”. El documento Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II expone que la libertad religiosa «consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y esto, de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos» (n. 2); ahora bien, este derecho va precedido de un deber: «Todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y, una vez conocida, a abrazarla y practicarla» (n. 1; destacados añadidos).
La encíclica Centesimus annus de Juan Pablo II expone claramente el sentido restringido y antiliberal con que la doctrina romana entiende el concepto de libertad: «La Iglesia […], al ratificar constantemente la trascendente dignidad de la persona, utiliza como método propio el respeto de la libertad. La libertad, no obstante, es valorizada en pleno solamente por la aceptación de la verdad» (n. 46). El Catecismo de la Iglesia Católica también insiste en someter la libertad a “la verdad”: «El derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral de adherirse al error, ni un supuesto derecho al error, sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil, es decir, a la inmunidad de coacción exterior, en los justos límites, en materia religiosa por parte del poder político» (n. 2108). Obsérvese que se contemplan unos límites a la libertad religiosa. ¿Quién habría de definirlos, sino ellos?
Caritas in veritate también sugiere que no todas las religiones deben ser tratadas políticamente del mismo modo: «La libertad religiosa no significa indiferentismo religioso y no comporta que todas las religiones sean iguales. El discernimiento sobre la contribución de las culturas y de las religiones es necesario para la construcción de la comunidad social en el respeto del bien común, sobre todo para quien ejerce el poder político. Dicho discernimiento deberá basarse en el criterio de la caridad y de la verdad. […] El criterio para evaluar las culturas y las religiones es también “todo el hombre y todos los hombres”. El cristianismo, religión del “Dios que tiene un rostro humano, lleva en sí mismo un criterio similar» (n. 55). Es decir, una confesión religiosa concreta (casualmente, la suya, identificada erróneamente con el cristianismo) establece el criterio por el cual deben tratarse políticamente, y en concreto en relación con la libertad religiosa, a todas las demás confesiones y creencias (ver ¿Reciprocidad o libertad religiosa?).
El Nuevo Orden Mundial del papado
Tal y como denuncia la ICR, la ONU (el presidente de cuya Asamblea General, por cierto, es un sacerdote suspendido por el Vaticano, Miguel D'Escoto) está hoy en día fuertemente influida por corrientes ideológicas como el sincretismo religioso, la Nueva Era, el abortismo, el ecologismo cuasi esotérico y otros movimientos afines, que promueven la eclosión de un Nuevo Orden Mundial y una nueva humanidad. La jerarquía católica ataca verbalmente a estas corrientes relativistas, y frente a ellas el papado se erige en autoridad moral universal, garante de los derechos fundamentales de la persona tal y como se reflejan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ahora bien, a pesar del aparente enfrentamiento, no hay que subestimar el papel de estas corrientes nuevaeristas en conjunción con la propia Iglesia Católica: pese al discurso combativo, en el seno de la propia estructura vaticana existen realidades esotéricas (ver Ángeles y demonios); junto a los planteamientos exclusivistas, hay categorías sincretistas (ver Ecumenismo humanista); paralelamente a las diatribas antimasónicas, contemplamos gestos altamente significativos, como la visita de Benedicto XVI (al igual que hicieron Pablo VI y Juan Pablo II) a la sala de meditación de las Naciones Unidas, diseñada según criterios esotérico-masónicos (ver La sala de la meditacion de las Naciones Unidas, primer Templo de la New Age).
Es difícil concebir que la actual ONU vaya a convertirse en un gobierno mundial. Desde el punto de vista operativo, y en cuanto a su propio prestigio, es una institución relativamente débil en comparación con las dos principales superpotencias del mundo, las que configuran el Eje Washington-Vaticano. Pero sí que podría formar parte de las herramientas con que ambas extiendan su dominio global. Por un lado, la política mundial efectiva pasa por la voluntad de Estados Unidos (que, por ejemplo, decidió llevar la guerra a Irak en 2003 contra el criterio del Consejo de Seguridad); la gran superpotencia, principal contribuyente financiero de la institución, posee además la capacidad de estrangular económica y políticamente el margen de actuación de la ONU. Ahora bien, sí que resulta factible que ante una situación de alarma mundial las líneas de acción de esta superpotencia confluyan con las de otros poderes, y se alcance un consenso global sobre cuestiones consideradas urgentes y decisivas. Si además en ese momento Estados Unidos estuviera gobernado por un presidente carismático, en la práctica puede llegar a existir algo parecido a un gobierno mundial ampliamente aceptado por la mayoría.
Por otro lado, el liderazgo político es claramente insuficiente. Todas las corrientes favorables a la globalización (tanto si son “del sistema” como si son “alternativas”) apelan a valores éticos y más elevados. En la encíclica, Benedicto XVI propone «que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral». Salta a la vista que la “Autoridad política mundial” a la que se refiere el papa ha de ser una institución estrechamente vinculada al propio papado.
El contexto actual de crisis económica mundial, unido al temor al terrorismo, a la inseguridad política, a los conflictos de Oriente Próximo y al desequilibrio medioambiental, ofrece las condiciones para implantar una “Autoridad política mundial”, ampliamente aceptada por su carisma, eficacia y prestigio moral. El principal elemento ideológico que comparten los modelos de globalización más destacados es la convicción de que la humanidad no sólo puede, sino que va a lograr construir un mundo mejor (ver ¿Fin del optimismo humanista?). Este horizonte utópico, aunque concebido de formas diversas, es común a la Nueva Era, al humanismo solidario de la globalización alternativa, a los restos de la izquierda revolucionaria, al pseudomesianismo imperialista y pragmático de Bush-Obama y a la propia escatología católica. En la propia Caritas in veritate, Ratzinger expone esta visión intramundana cuando habla de «la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de la familia humana» (n. 7).
Frente a esta utopía, la visión genuinamente cristiana de la historia, tal como la explicó el propio Jesús, predice una deriva del mundo hacia el caos mundial, la angustia y el totalitarismo (ver Mateo 24). Según Pablo, se manifestará «el hombre de pecado […] que se sienta en el templo de Dios como Dios» (ver 2 Tesalonicenses 2). Ahora bien, todo esto no son más que señales, a las que hay que estar atento (versículos 32-33), de que el fin «está cerca, a las puertas», y por tanto también la liberación: «El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan: “¡Paz y seguridad!”, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción» (1 Tesalonicenses 5: 2, 3). Tras el surgimiento de falsos cristos, el Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y «enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos» (vers. 30-31). Entonces Dios establecerá «un cielo nuevo y una tierra nueva» (Apocalipsis 21: 1).
© Guillermo Sánchez Vicente
www.laexcepcion.com (29 de agosto de 2009)
El 29 de junio de 2009 Benedicto XVI, jefe de la Iglesia Católica Romana, publicaba su tercera encíclica, Caritas in veritate (La caridad en la verdad), en la que aborda asuntos como la situación económica mundial y la gestión económica de los recursos.
Uno de los pasajes de la nueva encíclica que más ha llamado la atención ha sido el punto 67, en el que dice lo siguiente: «Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi Predecesor, el Beato Juan XXIII. Esta Autoridad deberá estar regulada por el derecho, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiaridad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad en la verdad. Dicha Autoridad, además, deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente, debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. […] El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización, que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral, así como esa relación entre esfera moral y social, entre política y mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas» (negritas añadidas, también a lo largo del presente artículo).
La búsqueda de un gobierno mundial no es una novedad de nuestro tiempo. Desde la Antigüedad, la configuración de los grandes imperios ha supuesto un esfuerzo de someter extensos territorios (en ocasiones, todo el mundo conocido) bajo una dirección única. Pero nunca, hasta nuestros días, se habían dado las condiciones que hicieran posible el sueño de un gobierno global. Hoy, desde el punto de vista técnico la revolución de las telecomunicaciones permite una transmisión instantánea de decisiones en todo el mundo. Desde el punto de vista político la humanidad parecería encontrarse, en principio, lejos de una eventual unidad política global, pero existen más tendencias unificadoras que nunca antes, a saber: tras la desaparición del bloque comunista, hegemonía mundial de una superpotencia (Estados Unidos) que sobrepasa en lo militar, lo político y lo cultural a cualquier otra; globalización e interdependencia económica entre países y grandes regiones; clamor ético mundial por un reparto más equitativo de los recursos (reflejado en lemas como “Otro mundo es posible” o “Somos la primera generación que puede acabar con la pobreza en el mundo”)…
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que explícitamente hace referencia Ratzinger en su encíclica, dista mucho de ser un gobierno mundial. Pero es una estructura política compleja que puede servir de referencia o de fundamento para acciones globales; no en vano el Consejo de Seguridad de la ONU toma decisiones de alcance universal y larga proyección en el tiempo.
A favor de la ONU
El Vaticano siempre ha apoyado macroestructuras multilaterales como la ONU o la Unión Europea (ver Las “raíces cristianas” de Europa: una exigencia confesional). Respecto a la primera, Juan XXIII en su encíclica Pacem in terris expresó su deseo de que «llegue pronto el tiempo en que esta Organización pueda garantizar con eficacia los derechos del hombre» (nº 145). Juan Pablo II afirmó que la “Santa” Sede «ha sostenido decididamente, desde el principio, los ideales y objetivos de la Organización de las Naciones Unidas. La finalidad y modo de actuación, obviamente, son diversos, pero la común preocupación por la familia humana, abre constantemente a la Iglesia y a la ONU vastas áreas de colaboración. Que todo esto no parezca una utopía irrealizable. Es la hora de una nueva esperanza» (discurso ante la Asamblea General de la ONU, 5.10.95). Años después declaró: «Es preciso reconocer que la Organización de las Naciones Unidas, incluso con límites y retrasos debidos en gran parte al incumplimiento por parte de sus miembros, ha contribuido a promover notablemente el respeto de la dignidad humana, la libertad de los pueblos y la exigencia del desarrollo, preparando el terreno cultural e institucional sobre el cual construir la paz» (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 8.12.03). Este papa fue quien repitió en diversas ocasiones que la ONU debía promover la “injerencia humanitaria” con intervenciones de tipo militar cuando «las poblaciones corren el riesgo de sucumbir a causa de los ataques de un agresor injusto» (discurso a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la “Santa” Sede, 16.1.93).
En ese mismo pontificado, una fundación de la Misión Permanente del Vaticano ante la ONU entregó el premio «Sendero de la paz» a Kofi Annan, entonces secretario general de la ONU, momento en el que el galardonado describió a Juan Pablo II como «la voz más poderosa a favor de la paz, de la esperanza y de la justicia para millones de personas» (Zenit, 15.6.00). El cardenal Angelo Sodano, entonces secretario de Estado vaticano, afirmó que «la Santa Sede desea fervientemente que, al alba del tercer milenio, la ONU contribuya, por el bien de la humanidad, a construir una nueva civilización, la que ha sido llamada “civilización del amor”» (Zenit, 10.9.00). Según el secretario para las relaciones con los Estados de la “Santa” Sede, Giovanni Lajolo, «a pesar de sus límites, la ONU permanece como la institución política más válida, a nivel mundial, para circunscribir y limitar los focos de guerra y para favorecer la paz y el acuerdo entre los pueblos. Lo que hace de positivo, y es mucho, no es adecuadamente valorado, también porque de hecho no basta para hacer frente a los mayores flagelos de la humanidad» (Zenit, 25.6.04).
A raíz de la visita de Benedicto XVI a la ONU, su portavoz, Federico Lombardi, declaró que «la Iglesia contempla esta institución como una esperanza de paz y tiene el deseo de contribuir con su mensaje a facilitar las relaciones pacíficas. El hecho de que exista un observador permanente de la Santa Sede ante Naciones Unidas demuestra la atención, el respeto y la importancia que para el Vaticano tiene la ONU» (Periodista Digital, 17.3.08)
Contra el Nuevo Orden Mundial de la ONU
Pero la Iglesia Católica Romana (ICR) también ha expresado graves reservas ante la línea que, según ellos, predomina en el seno de la ONU. En 1996 el Vaticano anunció que retiraba su contribución anual a UNICEF, «por su política favorable al control de la natalidad y al aborto» (Aceprensa, 13.11.96). Aunque UNICEF ha negado repetidamente que contribuya a promover el aborto, las denuncias católicas han ido en aumento: el cardenal Juan Sandoval (ACI, 23.1.08), el cardenal Norberto Rivera (ACI, 22.7.08), el observador permanente ante la ONU Celestino Migliore (ACI/ReL, 3.4.09)…
El entonces cardenal Ratzinger, recurriendo a su característico discurso antiliberal, escribía antes de ser papa: «Ha habido intentos de construir el futuro bebiendo, de manera más o menos profunda, en las fuentes de las tradiciones liberales», intentos que estaban «asumiendo una configuración cada vez más definida, que toma el nombre de Nuevo Orden Mundial; encuentran expresión cada vez más evidente en la ONU y en sus Conferencias internacionales, en especial en las de El Cairo y Pekín, en sus propuestas de vías para llegar a condiciones de vida diversas, dejar transparentar una verdadera y propia filosofía del hombre nuevo y del mundo nuevo. La peculiaridad de esta nueva antropología, que debería constituir la base del Nuevo Orden Mundial, resulta evidente sobre todo en la imagen de la mujer, en la ideología del “Women's empowerment” (la autorrealización de las mujeres), nacida de la Conferencia de Pekín» (Avvenire, 15.9.00, reproducido por Zenit).
Quizá el principal portavoz de estas alarmas contra el Nuevo Orden Mundial (cada vez más difundidas) sea Michel Schooyans, profesor emérito de la Universidad de Lovaina y consultor del Vaticano. Este intelectual defiende la tradición jurídica de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos (1776), la Constitución de los Estados Unidos (1787), la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia (1789), “olvidando”, por cierto, que, cuando fueron promulgadas, el papado condenó y combatió estos textos y sus valores con todas sus fuerzas. Schooyans denuncia que «la ONU hoy en día se está comportando como una superpotencia global, transnacional» que pretende someter los códigos nacionales a «un poder piramidal», siguiendo los dictados de una «trama de voluntades que se aglomeran en las Naciones Unidas, apoyadas por numerosas ONGs, y también por algunas sociedades secretas, como la masonería» (Zenit, 23.12.08; ver un análisis de sus argumentos en Globalización, Nueva Era y religión).
El Vaticano maniobra en este asunto según su peculiar Principio de Sí Contradicción: la denuncia de la naturaleza relativista de la ONU, por un lado, y la defensa, incluso colaboración, con esta organización. Por eso desde la jerarquía se emiten mensajes que buscan conciliar ambas posiciones, como el del cardenal Stafford: «Todavía no ha llegado el momento de decir que debemos desechar el apoyo de la Iglesia a las Naciones Unidas sobre la base de las posturas morales que está adoptando sobre los temas de la familia, el matrimonio y la vida»; no en vano, según él, «vivimos en un mundo en que la única autoridad importante reconocida internacionalmente es la ONU» (Zenit, 3.5.04).
Cuando en diciembre de 2007 la prensa publicó que el papa estaba en contra de la ONU por su relativismo moral, el portavoz Lombardi desautorizó esa interpretación: «El Papa había afirmado textualmente que “las discusiones internacionales con frecuencia se caracterizan por una lógica relativista”, pero, a diferencia de lo que se ha escrito, no había atacado a la ONU ni había dicho que esté “dominada” por el relativismo moral», y añadió que «Benedicto XVI, al igual que sus predecesores, es perfectamente consciente de la importancia de las Naciones Unidas para la paz y para la defensa de los derechos humanos» (Zenit, 3.12.07).
El estatus del Vaticano en la ONU
La “Santa” Sede no es un miembro de las Naciones Unidas a pleno título, pero tampoco es una agencia consultora más, sino que desde 1964 goza del estatus especial de “observador permanente”. Desde que Suiza pasó a ser miembro, es el único estado con esa condición, que le permite tomar la palabra en los foros convocados por la ONU, pero no le da capacidad de voto. A su vez, el estado papal es miembro a pleno título en varios cuerpos subsidiarios de las Naciones Unidas, como la comisión para los refugiados.
El año 2000 cientos de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo y miles de individuos a título personal se sumaron a una campaña lanzada en Estados Unidos por el grupo partidario del aborto Catholics for a Free Choice (Católicos por el Derecho a Decidir) para privar a la “Santa” Sede de sus privilegios como observador permanente en Naciones Unidas, de modo que su estatus se equipare al de otras comunidades y organizaciones no gubernamentales (El País, 13.2.00). Sin embargo en 2004 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con el voto unánime de sus 191 miembros una resolución que refuerza el papel y las competencias de la Santa Sede en la ONU, manteniendo su estatuto de “observador permanente” y aumentado sus prerrogativas y posibilidades de intervención (Zenit, 2.7.04).
Según el cardenal Angelo Sodano, «la soberanía pontificia en el campo internacional no está determinada por su poder temporal», pues «la Santa Sede se enmarca dentro del ordenamiento internacional según su propio carácter espiritual» (Zenit, 21.9.03). De acuerdo con esto, el papado recibe un reconocimiento netamente político por su naturaleza supuestamente no política; además, siguiendo ese criterio, otras organizaciones sociales o religiosas deberían recibir un tratamiento semejante. El vaticanista Sandro Magister, firme defensor de este estatus, explica las razones verdaderas: «El elemento más fuerte que juega para confirmar el reconocimiento de la Santa Sede como personalidad jurídica internacional que la asimila a un estado es la red de relaciones diplomáticas bilaterales que ella mantiene» (Misión imposible: expulsar a la Santa Sede de la ONU, Chiesa, 21.8.07); es decir, su poder temporal.
En este asunto se puede observar una de las características jugadas maestras del papado: alegar alternativamente su naturaleza “espiritual” o política, en función de sus intereses. O algo más difícil todavía: alegar simultáneamente ambas razones, pero a la vez haciendo parecer que son excluyentes. De este modo siempre podrá mantener cierta distancia ante las decisiones y la naturaleza de la ONU (tan denostadas por medios papales), y a la vez influir decisivamente en su funcionamiento. Las palabras del observador Celestino Migliore reflejan muy bien ese hábil juego de equilibrios: «La Santa Sede tiene los requisitos definidos por el Estatuto de la ONU para ser Estado miembro y, si en el futuro quisiera serlo, esta resolución no le impediría pedirlo» (Zenit, 2.7.04).
Según Sodano, «en el desempeño de su labor “diplomática” […] los representantes de la Iglesia persiguen dos objetivos: la tutela y la promoción del legítimo bien de la Iglesia y el servicio a todos los hombres y a todos los pueblos, prescindiendo de su fe religiosa» (Zenit, 21.9.03). El orden de prioridades es obvio; también lo es que el segundo objetivo queda sometido al primero.
Hay otros argumentos contradictorios alegados por el papado. El jefe de la diplomacia vaticana, Dominique Mamberti, explica: «Con la desaparición de los Estados Pontificios se ha hecho siempre más claro que la personalidad jurídica internacional de la Santa Sede es independiente del criterio de la soberanía territorial» (Chiesa, 21.8.07). En primer lugar, hay que precisar que la “Santa” Sede sí gobierna sobre un territorio soberano, la Ciudad del Vaticano (gracias a otra obra maestra de cálculo político: los Pactos de Letrán de Pío XI con Mussolini). Pero Mamberti minimiza este hecho para defender el estatus privilegiado en la ONU, cuando en realidad el razonamiento debería volverse en contra suya: obviamente, si una entidad no tiene soberanía territorial, difícilmente podría considerarse un estado y, por tanto, no debería tener un puesto en la ONU.
Según Mamberti, «detrás de esa invitación a reducirse a ONG, aparte de la incomprensión del estatus jurídico de la Santa Sede, hay también probablemente una visión reductiva de su misión, que no es sectorial o ligada a intereses particulares, sino universal y comprensiva de todas las dimensiones del hombre y de la humanidad». Como hemos visto, la Asamblea General de la ONU ha asumido esta visión “altruista” y “desinteresada” que la superpotencia papal predica sobre sí misma. Los propios representantes papales no tienen empacho en destacar la naturaleza, no sólo ya espiritual, sino abiertamente confesional, de sus objetivos: «Al desarrollar el propio rol internacional, la Santa Sede está siempre al servicio de la salvación integral del hombre, según el mandato recibido de Cristo ¡No sorprende que alguien busque de disminuir el eco de su voz!», dice Mamberti (ibíd.)
Autoridad moral mundial
Continuamente los jerarcas católicos romanos exponen implícitamente su pretensión de dirigir la política mundial. Juan Pablo II se dirigió en estos términos a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 5 de octubre de 1995: «Estoy ante ustedes, al igual que mi predecesor el Papa Pablo VI hace exactamente treinta años, no como uno que tiene poder temporal -son palabras suyas- ni como un líder religioso que invoca especiales privilegios para su comunidad. Estoy aquí ante ustedes como un testigo: testigo de la dignidad del hombre, testigo de esperanza, testigo de la convicción de que el destino de cada nación está en las manos de la Providencia misericordiosa». Este político, que no fue elegido democráticamente, que ostentaba la jefatura de un estado absoluto y teocratista sin separación de poderes y que dominaba una iglesia organizada de forma piramidal, afirma que representa, no a sí mismo ni a su iglesia, sino las aspiraciones más elevadas de la humanidad. Su pretensión de supremacía es tal que, para defender su legitimidad, apela a la historia y a los dogmas de su iglesia, presentándose como aval de sí mismo (según sus palabras, es “testigo” de una “convicción” que atañe a la voluntad de Dios). Pero es obvio que no lo dice como cualquier otro creyente podría decirlo (p. ej., un lector de la Escritura, en la que se afirma esa misma idea sobre el destino de cada nación), sino como un testigo privilegiado, es decir: el Testigo por excelencia.
El mismo planteamiento subyace en las palabras de Renato Martino, presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz: la “Santa” Sede «no es una fuerza política en el sentido ordinario de la palabra, sino una fuerza de orden moral», circunstancia «que le confiere idoneidad para actuar en la escena internacional» (Zenit, 2.9.03). Una idoneidad autootorgada, nuevamente.
Cuando el propio Juan Pablo II afirmaba que «la Iglesia no pretende usurpar tareas y prerrogativas del poder político; pero sabe que debe ofrecer también a la política su contribución específica de inspiración y de orientación sobre los grandes valores morales», estaba implícitamente diciendo que los poderes políticos deben aceptar esa contribución. Con sutileza pero con firmeza, expone sus pretensiones: «La imperiosa distinción entre Iglesia y poderes públicos no debe hacer olvidar que tanto la una como los otros se dirigen al hombre; y la Iglesia “experta en humanidad”, no puede renunciar a inspirar las actividades políticas para orientarlas al bien común de la sociedad» (Zenit, 26.11.02; destacados añadidos). ¿Quién determina cuál es el bien común? ¿Concibe el papa que la comunidad internacional renuncie a ser inspirada por esa entidad tan experta?
Jean-Louis Tauran, el entonces secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, expresaba la pretensión última «de la presencia de la Santa Sede en la comunidad de las Naciones: ¡ser la voz que la conciencia humana espera!». Ante semejante osadía, Tauran señala que sus objetivos no encierran vanagloria, «sino sólo la humilde conciencia de estar siempre al servicio del hombre, iluminando las circunstancias históricas con la luz sobrenatural, según la específica competencia religiosa y moral propia de toda actividad eclesial» (Zenit, 30.6.03). Poco humilde puede ser quien predica la humildad sobre sí mismo… Y lo hace al tiempo que se declara portador de “la luz sobrenatural”.
Como las políticas sociales de la ONU están orientadas en una línea que el Vaticano desaprueba, se considera que esta organización invade terrenos que no le son legítimos. «La ONU se creó por razones de seguridad y defensa, no para marcar la agenda social», declara Austin Ruse, presidente del Instituto Católico para los Derechos Humanos. «No creo en la legitimidad de la ONU para plantear determinados temas; en realidad creo que hay muy pocas instituciones internacionales con legitimidad, por ejemplo, la Iglesia Católica» (ACI, 29.9.07). Es decir, que se rechaza la legitimidad de la ONU de imponer una ética global, pero se considera ideal el liderazgo de la ICR en la misma esfera.
El modelo político global del Vaticano
A la luz de estas pretensiones de supremacía moral (que la “comunidad internacional” y la ONU reconocen al papado una y otra vez), se entiende mejor la solicitud de Benedicto XVI de establecer una Autoridad política mundial. Una propuesta que en absoluto es nueva: no sólo ha sido formulada en esos términos desde Juan XXIII, sino que responde a la pretensión de supremacía universal que el papado se asigna a sí mismo desde la Edad Media, y que en cada época histórica ha pretendido establecer (y en gran medida lo ha conseguido) teniendo en cuenta las circunstancias políticas correspondientes.
¿Cuál sería el programa en el contexto mundial actual? Según la jerarquía católica, la ONU ha de desempeñar un papel importante. Juan Pablo II dijo: «No sorprende que Juan XXIII mirara con gran esperanza hacia la Organización de las Naciones Unidas», como «un instrumento válido para mantener y reforzar la paz en el mundo. Justamente por esto expresó un particular aprecio por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, considerándola “un primer paso introductorio para el establecimiento de una constitución jurídica y política de todos los pueblos del mundo”». Y añade: «Es importante evitar tergiversaciones: aquí no se quiere aludir a la constitución de un superestado global. Más bien se piensa subrayar la urgencia de acelerar los procesos ya en acto para responder a la casi universal pregunta sobre modos democráticos en el ejercicio de la autoridad política, sea nacional o internacional». Finalmente, el papa ponía su mira en un punto clave del planeta: «Quizás no hay otro lugar en el que se vea con igual claridad la necesidad de un uso correcto de la autoridad política, como en la dramática situación de Oriente Medio y de Tierra Santa» (Zenit, 17.12.02; ver “Tierra Santa”)
Precisamente con motivo del golpe de estado planetario que dio inicio a la guerra de Irak, el arzobispo Martino consideraba que es «más necesaria que nunca una autoridad mundial que asegure la paz y promueva el desarrollo de los pueblos». Y añadió que «la situación de crisis de la ONU causada por la guerra en Irak no contradice sino que refuerza la petición de la Pacem in Terris sobre una autoridad política mundial», insistiendo en que «la ONU no es un superestado», sino más bien «el camino obligado de la civilización moderna y de la paz mundial». Según él, «es el momento de construir una ingeniería constitucional de la humanidad para que las Naciones Unidas puedan desarrollar su papel insustituible» (Zenit, 11.4.03).
En diciembre de 2003, ya como cardenal, Martino afirmaba que Juan Pablo II considera «la institución de la ONU uno de los frutos más relevantes del derecho internacional», si bien «el debido reconocimiento a la ONU está acompañado por la invitación a una reforma que capacite a la Organización de las Naciones Unidas para funcionar eficazmente en la consecución de sus propios objetivos estatutarios, todavía válidos» (ACI, 16.12.03).
El mismo cardenal Martino precisa que la reforma solicitada en la presente encíclica de Benedicto XVI incluiría, entre otras cosas, el «principio de la injerencia humanitaria», es decir, la intervención militar de la “comunidad internacional” en un país o región alegando principios éticos (Zenit, 7.7.09). Es significativo que esta injerencia se conciba en función del principio de subsidiariedad: según el representante vaticano ante las Naciones Unidas, Celestino Migliore, «cuando un determinado Estado no demuestra la voluntad y/o la capacidad de asegurar tal protección [de los derechos humanos], la comunidad internacional debe subsidiariamente hacerse cargo, recurriendo a la modalidad pacífica prevista en el derecho internacional». Claro que «en casos extremos, puede valerse del uso de la fuerza a través de las fórmulas y dictámenes del capítulo 7 de la carta de la ONU» (Zenit, 24.9.09), algo que concuerda con la doctrina católica de la “guerra justa”.
El principio de subsidiariedad, vinculado al pensamiento organicista medieval, es uno de los soportes fundamentales de la doctrina política papal; según él, «una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común» (Juan Pablo II, Centesimus annus, 48; ver también Caritas in veritate, 57-58). Como señala Edwin Cook en su artículo Gaining the Upper Hand, este principio ofrece algunos beneficios, como la limitación de un abuso en las pretensiones de soberanía del estado, la restricción de una visión radicalmente nacionalista, o el enfoque personalista que resalta la dignidad inherente a cada ser humano. Pero, a su vez, presenta algunos peligros: mediante él, la Iglesia Católica Romana reclama el control de las áreas que tradicionalmente ha considerado propias de su ámbito de actuación. «El estado está obligado a asistir a las organizaciones inferiores a cumplir su misión, en ámbitos en los que tal asistencia pueda a veces concretarse en sostenimiento financiero. En términos simplistas, en la lucha por el poder cesaropapista, la subsidiariedad ofrece el control a la iglesia».
La reforma de la ONU debería hacerse, según el papado, de acuerdo con la cosmovisión de la Iglesia Católica Romana. Según el cardenal Tauran, la ONU debería dejar de ser un centro administrativo para convertirse en «un centro moral donde todas las naciones se sientan en casa» (Zenit, 15.1.04). Benedicto XVI lo ha expresado en términos organicistas: «Una familia vive en paz cuando todos sus miembros se ajustan a una norma común: esto es lo que impide el individualismo egoísta y lo que mantiene unidos a todos, favoreciendo su coexistencia armoniosa y la laboriosidad orgánica». Para que las leyes internacionales «sean verdaderamente eficaces es preciso remontarse a la norma moral natural como base de la norma jurídica, de lo contrario ésta queda a merced de consensos frágiles y provisionales» (Zenit, 11.12.07). Uno de los ejes ideológicos del pontificado de Benedicto XVI es precisamente la reivindicación de la supuesta “ley natural”, cuyo intérprete último debe ser el propio papado (ver El falso Dios y la “ley natural”).
La actual situación de crisis mundial (citada en Caritas in veritate) sirve de motivo a la ICR para intensificar su solicitud de una reorganización del gobierno mundial. El arzobispo brasileño Walmor Oliveira considera que la Iglesia Católica señala «una luz en este momento crítico de crisis mundial». Según él, «es necesario beber en una fuente más limpia y verdadera en la búsqueda del nuevo camino para las instituciones y para la vida de todos» (Zenit, 3.11.08).
El programa papal contempla a la humanidad entera como un organismo con vocación de unidad, santificado por la mediación sacerdotal del papa y la acción sacramental de “la Iglesia”. Según el cardenal Antonio Cañizares, el oficio principal del papa es conseguir «que la humanidad entera ofrezca a Dios el verdadero culto en espíritu y verdad, en adoración verdadera, donde está la gloria y la grandeza, y el futuro de la humanidad» (ACI, 10.12.08). Como advierte José Antonio Eguren, presidente de la Comisión de Vida, Familia e Infancia de la Conferencia Episcopal Peruana: «La UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud parecen no entender que somos apóstoles y no meros trabajadores sociales. Nosotros trasmitimos al Señor de la Vida en cada obra social que hacemos» (ACI/ReL, 14.4.09). No sólo exponen la dimensión confesional de su labor “desinteresada”, sino que exigen que se le reconozca públicamente su carácter privilegiado y diferencial. El cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, muestra claramente estas pretensiones supremacistas: «La doctrina social de la Iglesia no se debe considerar una teoría ética más entre las muchas que ya existen, sino una “gramática común” a todas ellas, porque está fundada en un punto de vista específico: interesarse por el bien humano» (Zenit, 1.8.09)
El objetivo es, según Juan Pablo II, «establecer un nuevo sistema de relaciones en la sociedad humana, bajo la enseñanza y el apoyo de la verdad, la justicia, el amor y la libertad» (Zenit, 17.12.02). ¿Qué verdad? No puede ser otra: la que define la Iglesia Romana. Su pretensión no es luchar por la igualdad de derechos de las personas independientemente de sus creencias, sino que el mundo se gobierne según “la verdad”. El documento Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II expone que la libertad religiosa «consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y esto, de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos» (n. 2); ahora bien, este derecho va precedido de un deber: «Todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y, una vez conocida, a abrazarla y practicarla» (n. 1; destacados añadidos).
La encíclica Centesimus annus de Juan Pablo II expone claramente el sentido restringido y antiliberal con que la doctrina romana entiende el concepto de libertad: «La Iglesia […], al ratificar constantemente la trascendente dignidad de la persona, utiliza como método propio el respeto de la libertad. La libertad, no obstante, es valorizada en pleno solamente por la aceptación de la verdad» (n. 46). El Catecismo de la Iglesia Católica también insiste en someter la libertad a “la verdad”: «El derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral de adherirse al error, ni un supuesto derecho al error, sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil, es decir, a la inmunidad de coacción exterior, en los justos límites, en materia religiosa por parte del poder político» (n. 2108). Obsérvese que se contemplan unos límites a la libertad religiosa. ¿Quién habría de definirlos, sino ellos?
Caritas in veritate también sugiere que no todas las religiones deben ser tratadas políticamente del mismo modo: «La libertad religiosa no significa indiferentismo religioso y no comporta que todas las religiones sean iguales. El discernimiento sobre la contribución de las culturas y de las religiones es necesario para la construcción de la comunidad social en el respeto del bien común, sobre todo para quien ejerce el poder político. Dicho discernimiento deberá basarse en el criterio de la caridad y de la verdad. […] El criterio para evaluar las culturas y las religiones es también “todo el hombre y todos los hombres”. El cristianismo, religión del “Dios que tiene un rostro humano, lleva en sí mismo un criterio similar» (n. 55). Es decir, una confesión religiosa concreta (casualmente, la suya, identificada erróneamente con el cristianismo) establece el criterio por el cual deben tratarse políticamente, y en concreto en relación con la libertad religiosa, a todas las demás confesiones y creencias (ver ¿Reciprocidad o libertad religiosa?).
El Nuevo Orden Mundial del papado
Tal y como denuncia la ICR, la ONU (el presidente de cuya Asamblea General, por cierto, es un sacerdote suspendido por el Vaticano, Miguel D'Escoto) está hoy en día fuertemente influida por corrientes ideológicas como el sincretismo religioso, la Nueva Era, el abortismo, el ecologismo cuasi esotérico y otros movimientos afines, que promueven la eclosión de un Nuevo Orden Mundial y una nueva humanidad. La jerarquía católica ataca verbalmente a estas corrientes relativistas, y frente a ellas el papado se erige en autoridad moral universal, garante de los derechos fundamentales de la persona tal y como se reflejan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ahora bien, a pesar del aparente enfrentamiento, no hay que subestimar el papel de estas corrientes nuevaeristas en conjunción con la propia Iglesia Católica: pese al discurso combativo, en el seno de la propia estructura vaticana existen realidades esotéricas (ver Ángeles y demonios); junto a los planteamientos exclusivistas, hay categorías sincretistas (ver Ecumenismo humanista); paralelamente a las diatribas antimasónicas, contemplamos gestos altamente significativos, como la visita de Benedicto XVI (al igual que hicieron Pablo VI y Juan Pablo II) a la sala de meditación de las Naciones Unidas, diseñada según criterios esotérico-masónicos (ver La sala de la meditacion de las Naciones Unidas, primer Templo de la New Age).
Es difícil concebir que la actual ONU vaya a convertirse en un gobierno mundial. Desde el punto de vista operativo, y en cuanto a su propio prestigio, es una institución relativamente débil en comparación con las dos principales superpotencias del mundo, las que configuran el Eje Washington-Vaticano. Pero sí que podría formar parte de las herramientas con que ambas extiendan su dominio global. Por un lado, la política mundial efectiva pasa por la voluntad de Estados Unidos (que, por ejemplo, decidió llevar la guerra a Irak en 2003 contra el criterio del Consejo de Seguridad); la gran superpotencia, principal contribuyente financiero de la institución, posee además la capacidad de estrangular económica y políticamente el margen de actuación de la ONU. Ahora bien, sí que resulta factible que ante una situación de alarma mundial las líneas de acción de esta superpotencia confluyan con las de otros poderes, y se alcance un consenso global sobre cuestiones consideradas urgentes y decisivas. Si además en ese momento Estados Unidos estuviera gobernado por un presidente carismático, en la práctica puede llegar a existir algo parecido a un gobierno mundial ampliamente aceptado por la mayoría.
Por otro lado, el liderazgo político es claramente insuficiente. Todas las corrientes favorables a la globalización (tanto si son “del sistema” como si son “alternativas”) apelan a valores éticos y más elevados. En la encíclica, Benedicto XVI propone «que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral». Salta a la vista que la “Autoridad política mundial” a la que se refiere el papa ha de ser una institución estrechamente vinculada al propio papado.
El contexto actual de crisis económica mundial, unido al temor al terrorismo, a la inseguridad política, a los conflictos de Oriente Próximo y al desequilibrio medioambiental, ofrece las condiciones para implantar una “Autoridad política mundial”, ampliamente aceptada por su carisma, eficacia y prestigio moral. El principal elemento ideológico que comparten los modelos de globalización más destacados es la convicción de que la humanidad no sólo puede, sino que va a lograr construir un mundo mejor (ver ¿Fin del optimismo humanista?). Este horizonte utópico, aunque concebido de formas diversas, es común a la Nueva Era, al humanismo solidario de la globalización alternativa, a los restos de la izquierda revolucionaria, al pseudomesianismo imperialista y pragmático de Bush-Obama y a la propia escatología católica. En la propia Caritas in veritate, Ratzinger expone esta visión intramundana cuando habla de «la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de la familia humana» (n. 7).
Frente a esta utopía, la visión genuinamente cristiana de la historia, tal como la explicó el propio Jesús, predice una deriva del mundo hacia el caos mundial, la angustia y el totalitarismo (ver Mateo 24). Según Pablo, se manifestará «el hombre de pecado […] que se sienta en el templo de Dios como Dios» (ver 2 Tesalonicenses 2). Ahora bien, todo esto no son más que señales, a las que hay que estar atento (versículos 32-33), de que el fin «está cerca, a las puertas», y por tanto también la liberación: «El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan: “¡Paz y seguridad!”, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción» (1 Tesalonicenses 5: 2, 3). Tras el surgimiento de falsos cristos, el Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y «enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos» (vers. 30-31). Entonces Dios establecerá «un cielo nuevo y una tierra nueva» (Apocalipsis 21: 1).
El emblema masónico, rodeado de ramas de Acacia
No a los Rituales Satánicos del Toreo
Fresco cretense del Palacio de Knossos "Salto del toro", datado en torno al año 1500 a.C.
Los toreros se visten muy a menudo con colores rituales del fuego, amarillo y rojo, predominando los elementos dorados y brillantes, que reflejan el brillo del Sol, como sacerdotes paganos sirviendo al dios solar.
Los toreros usan unos extraños sombreros de color negro, a modo de cornamenta, con dos salientes a ambos lados de su cabeza, haciendo forma de cuernos rituales taurinos, satánicos.
Oficialmente, España es un país aconfesional desde 1978, según la Constitución Española de 1978. Esto quiere decir que ninguna confesión tendrá carácter estatal, y que por tanto, el Estado no se declara oficialmente seguidor de ningún credo religioso.
